Irán, 8–9 de enero

A finales de diciembre de 2025, el rial iraní se derrumbó a mínimos históricos, perdiendo más del 40 % de su valor en pocas semanas. La crisis económica dejó bienes de primera necesidad —pan, medicamentos, combustible— fuera del alcance de millones de personas.

Estallaron protestas en más de sesenta ciudades. No eran sobre política abstracta, sino sobre la supervivencia. En la primera semana de enero de 2026, los manifestantes llenaron las calles de Teherán, Mashhad, Isfahán, Rasht y decenas de otras ciudades.

La tarde del 8 de enero de 2026, el gobierno iraní ordenó un apagón casi total de las telecomunicaciones. Se cortó el acceso a Internet. Las redes móviles fueron reducidas a velocidades inutilizables.

El corte se aplicó precisamente en las horas y las zonas geográficas donde se desplegaban las fuerzas de seguridad. No fue una decisión técnica ni administrativa. Fue un acto deliberado para garantizar que lo que ocurriera a continuación no pudiera ser filmado, denunciado ni contabilizado.

Las fuerzas de seguridad desplegadas el 8 y 9 de enero incluían unidades de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), voluntarios paramilitares Basij, la FARAJA (la policía nacional iraní) y agentes vestidos de civil.

Testigos, supervivientes e investigadores independientes de derechos humanos documentaron el uso de munición real, perdigones y balas de goma disparados directamente contra las multitudes. Se informó de francotiradores en tejados de varias ciudades que disparaban desde posiciones elevadas sobre los manifestantes, tácticas coherentes con las documentadas en las represiones de noviembre de 2019 y septiembre de 2022.

En las horas posteriores a los tiroteos, las fuerzas de seguridad irrumpieron en hospitales de varias ciudades para detener a manifestantes heridos antes de que pudieran recibir atención médica o hablar con periodistas.

El personal sanitario denunció haber recibido órdenes de no documentar las heridas de bala ni registrarlas como tales en los expedientes oficiales. Pacientes en estado crítico fueron sacados de las salas. Las organizaciones de derechos humanos han documentado estas redadas como un intento deliberado de suprimir tanto el número de víctimas como el testimonio de los supervivientes.

Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron el 8 y 9 de enero de 2026. Esa incertidumbre no es un fracaso de la investigación. El apagón de telecomunicaciones fue diseñado específicamente para hacer imposible cualquier recuento.

Las siguientes estimaciones proceden de organizaciones independientes que trabajan a partir del testimonio de supervivientes, registros hospitalarios sacados clandestinamente de Irán y análisis de imágenes de satélite. El gobierno iraní no ha publicado ninguna cifra.

A partir de marzo de 2026, la República Islámica lanzó una campaña sostenida de ejecuciones masivas contra personas detenidas durante las semanas posteriores a las protestas de enero. Las ejecuciones se llevaron a cabo en prisiones de todo Irán, a menudo sin apenas previo aviso a las familias.

Amnistía Internacional ha documentado y verificado varios casos confirmados relacionados con las protestas de enero. Entre los ejecutados confirmados: